AutoPlus

Lo ha anunciado hoy el concejal de Sociedad de la Información, Joaquín Ruiz, que ha explicado que los policías transmitirán los datos del automóvil y la sanción correspondiente a la infracción directamente al ayuntamiento a través de un dispositivo móvil.

Una pegatina en el vehículo alertará al conductor de que ha sido multado, ha dicho el edil que ha señalado que quedará “eliminado todo el proceso burocrático en papel, desde la papeleta amarilla de la multa hasta su recepción y gestión en el departamento de sanciones de tráfico”.

La implantación de este “software de sanciones”, que es un sistema “muy avanzado tecnológicamente”, será financiada con cargo a la segunda fase del Plan E del Gobierno central.

Junto a este nuevo procedimiento, el dinero del Plan E servirá para mejorar los sistemas de comunicación de la Policía Local, que “en la actualidad son bastante precarios”, ya que los agentes utilizan un sistema de intercomunicadores que se ve afectado por las “zonas de sombra” que existen en el término municipal y que puede dar lugar a “situaciones delicadas” por falta de cobertura.

Estos intercomunicadores serán sustituidos por otros con sistemas de voz con tecnología IP, que también van a ser aplicados a otros departamentos del ayuntamiento.EFE 1010091

La Dirección General de Tráfico (DGT) tiene intención de ponerse cuanto antes a trabajar en un sistema que permita a los jóvenes de 17 años ponerse al volante acompañados de otro conductor. El proyecto está incluido en el plan estratégico de Seguridad Vial 2010-2015 que ultima el departamento que dirige Pere Navarro, y podría ponerse a rodar antes de que acabe la legislatura. Aunque aún no está totalmente definido el modelo que se adoptará finalmente, es previsible que se opte por un sistema que obligue a los jóvenes a acudir a la autoescuela y tomar un número mínimo de clases teóricas y prácticas. Y antes de ponerse al volante deberán aprobar el examen teórico. Podrán entonces conducir acompañados hasta los 18 años, cuando podrán examinarse del práctico. Este modelo u otros muy similares han funcionado con éxito (reducciones de hasta un 25% de la siniestralidad juvenil) en otros países como Francia, Reino Unido, Suecia, Bélgica, Noruega, Estados Unidos o Australia. En alguno de ellos se aplica desde hace varias décadas.

Fuentes de Tráfico señalan que es un proyecto “que gusta a todo el mundo”. El conductor sin experiencia adquiere habilidades de forma gradual y siempre acompañado de una persona que tenga un mínimo de antigüedad en el permiso de conducir (se barajan cinco años).

El tutor, con los 12 puntos

El tutor del novato no podrá haber perdido ningún punto del carné ni tener en su historial faltas muy graves. El objetivo es entrenar de forma intensa y supervisada a los jóvenes aspirantes en uno de los periodos en los que éstos sufren más accidentes: los primeros meses.

La idea de implantar la conducción acompañada o tutelada en España viene hace tiempo. El 8 de mayo de 2009 se reformó el Reglamento de Conductores, aunque pasó prácticamente desapercibido, y se incluyó una disposición final que dejaba al Gobierno las manos libres para “regular las condiciones y los requisitos de la licencia de conducción acompañada para realizar el aprendizaje en la conducción”. Según fuentes de Tráfico, se intentará implantar en esta legislatura, pero no es la máxima prioridad. Con esta medida se pretende rebajar aún más las muertes de los más jóvenes en accidente de tráfico, que desde 2003 han descendido un 64%. Los jóvenes son aproximadamente el 22% de la población, el 20% del censo de conductores y soportan el 36% de las muertes en accidente de tráfico y el 42% de los heridos graves.

La hucha pública necesita dinero y hay que sacarlo hasta de debajo de las piedras. Las multas por exceso de velocidad siempre son una apuesta segura, e Interior no se ha andado con bromas.

El Ministerio de Interior ha comprado siete nuevos y potentes Mercedes 220 CDI, con unos 170 CV de potencia, con el objetivo de dotar al cuerpo de Tráfico de la Guardia Civil de vehículos camuflados que sean capaces de perseguir a los conductores que pisen el acelerador más de la cuenta. La velocidad máxima de este coche, que lleva cambio manual de seis velocidades, es de 230 kilómetros por hora, que, lógicamente, los agentes podrán alcanzar con facilidad sin temer a que les pongan multas.

Si había motivos para que los conductores estuvieran molestos, ya hay al menos siete más para que los sufridos contribuyentes perciban a la Administración Central como un “voraz” promotor de sanciones con un único ánimo recaudatorio.

El coste de cada uno de estos vehículos ronda los 37.000 euros, según ha podido saber El Semanal Digital, aunque a este precio básico habría que añadir la instalación del radar y otros equipamientos propios de los vehículos camuflados de la Guardia Civil, que no llevan ninguna identificación exterior ni rotulación de ningún tipo.

A ello se añade la instalación de la cartelería posterior luminosa de “Pare”, que se enciende cuando a uno de “pillan”, sirenas, luces especiales y, en algunos casos, equipamiento informático especial para la identificación online de matrículas e inhibidores de frecuencias. El coste de los siete vehículos podría haberse acercado a los 300.000 euros, unos 50 millones de las antiguas pesetas, que la Dirección General de Tráfico piensa recuperar mediante multas y sanciones de tráfico.

El Director General de la DGT, Pere Navarro, dependiente del Ministerio del Interior que tutela el ministro Alfredo Pérez Rubalcaba, está intensificando el carácter “recaudatorio” de su negociado de Tráfico, con los mismos fines que ya han sido denunciados por los Inspectores de Hacienda por las presiones que vienen recibiendo de sus superiores políticos para perseguir a los contribuyentes.

Unos son color plata, otros verdes y otros negros. Por el momento sólo se les ha visto circular por las carreteras madrileñas, sobre todo A-5, M40, M50 y radiales. Según fuentes consultadas por este periódico, no se descarta que a estos siete nuevos vehículos se incorporen otros antes de las vacaciones de Semana Santa para repartirlos por otras carreteras españolas.

El alcalde de Madrid quiere exprimir aún más a los madrileños y este lunes ha pedido en unas jornadas en el Congreso más competencias sobre tráfico así como un endurecimiento mayor de las sanciones. Ruiz Gallardón asegura que “siempre somos acusados de voracidad recaudatoria” aunque negó tenerla.

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, ha pedido más competencias para los ayuntamientos en materia de seguridad vial y un endurecimiento de las sanciones por comportamientos “insolidarios” como superar los límites de velocidad en las ciudades, o parar o estacionar en el carril-bus, así como más facilidades para cobrar las multas a vecinos de otros municipios y, especialmente, de otras comunidades autónomas.

Durante su intervención en la II Jornada Parlamentaria sobre Seguridad Vial y Prevención de Accidentes de Tráfico, celebrada en el Congreso de los Diputados de Madrid, Gallardón destacó que “hace falta ampliar las competencias de las ciudades para regular la circulación de las bicicletas y de otros medios de transporte alternativos en el espacio público”.

Entre otras cosas, pidió que se considere ‘muy grave’ circular a 100 kilómetros por hora en vías limitadas a 50 kilómetros por hora, comportamiento ahora calificado como ‘grave’; y que se recupere la detracción de dos puntos del carné de conducir para los ciudadanos que paren o estacionen en el carril-bus, ya que la eliminación de esta medida “no es un paso adelante para eliminar o reducir los comportamientos que hacen menos atractivo el uso del transporte público”.

“Los ayuntamientos siempre somos acusados de voracidad recaudatoria, pero no queremos que se suban las sanciones, sino que las multas sean más efectivas y por eso es más eficaz quitar puntos para quien afecta gravemente al transporte público”, apostilló.

Por otra parte, el primer edil madrileño pidió a las autoridades de tráfico permiso para que los ayuntamientos puedan utilizar “señales propias” fuera del reglamento de la Ley de Seguridad Vial, necesarias para “informar a los usuarios” sobre situaciones específicas de los ámbitos urbanos. “El Estado debería habilitar a los ayuntamientos a usar señales propias”, insistió.

Finalmente, subrayó las dificultades que las corporaciones locales siguen encontrado “para hacer efectivas las sanciones a quien no reside en los municipios, mucho más si no es siquiera vecino de la misma comunidad autónoma”, pese a la creación de la Dirección Electrónica Vial y de otras mejoras en este sentido.

La crisis económica, con una disminución de ingresos de las admnistraciones públicas en el apartado tributario, ha provocado un afán recaudatorio que, en el ámbito municipal, se manifiesta, entre otras cosas, en un aumento de las multas relacionadas con el tráfico. El caso de Santa Coloma de Gramenet es un reflejo de esta situación.

El Ayuntamiento de esta ciudad ha tenido que aplazar la aprobación del presupuesto para 2010 ante las reservas planteadas por la interventora municipal. Una de las objeciones de la interventora se fundamenta, precisamente, en el excesivo aumento previsto -en su opinión- en la partida de ingresos por multas.

La previsión de ingresos por este concepto en el proyecto de presupuesto era de 600.000 euros, cuando, normalmente, los ingresos municipales originados por sanciones en Santa Coloma no superan los 200.000 euros anuales.

El problema es más general. Recientemente,  Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados, declaró que el volumen actual de multas de tráfico ha crecido tanto, que las administraciones -estatal, autonómica en el caso de Catalunya y el País Vasco, y municipal- “son incapaces de tramitarlas con eficacia. Son víctimas de su propia burocracia”.

Asimismo, las asociaciones de automovilistas Real Automóvil Club de España (RACE) y Comisariado Europeo del Automóvil (CEA),  coincidieron hace unos meses en que la subida hasta el 50% del descuento en las multas de tráfico por pronto pago tiene detrás fundamentalmente un afán recaudatorio del Gobierno español.

También se ha considerado que la reducción de la velocidad a 80 km. / h. en las autopistas y autovías de acceso a Barcelona tiene, entre otras motivaciones, el propósito de aumentar los ingresos por sanciones de tráfico. Según el Servei Català de Trànsit se imponen una media de 122 sanciones diarias en esos tramos.

El Gobierno tenía previsto colocar 2.000 cinemómetros en esta legislatura.

La instalación de radares fijos en las carreteras españolas debe ser medida y meditada. Así lo anunció ayer el director general de Tráfico, Pere Navarro, en un desayuno informativo en el que señaló que, aunque la cifra aún no es definitiva, estos dispositivos de vigilancia de velocidad se irán colocando de forma escalonada, a razón de entre 150 y 200 al año.

De esta forma, los responsables de la Dirección General de Tráfico (DGT) reducen a la mitad su proyecto inicial de instalar 2.000 cinemómetros en las carreteras españolas hasta el final de la legislatura, según el Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial. Además, así lo recogía el programa electoral del PSOE y así lo ratificó el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la inauguración del centro automatizado de denuncias de León, el 7 de junio del 2008.

Actualmente hay en funcionamiento 520 radares fijos. Y su límite estará vinculado a la longitud de la red viaria, como sucede en otros países europeos. La proporción final actualmente está siendo analizada por los expertos. «No se puede continuar poniendo radares indefinidamente. En un momento dado, si se necesita en un determinado sitio, se tendrá que quitar de otro. Es una idea que se está conformando en Europa, y está bien», aseguró Navarro.

El máximo responsable de la DGT considera que los radares fijos deben colocarse en carreteras principales con una cierta intensidad circulatoria, por encima de los 6.000 vehículos, dado que su función principal es controlar que «las velocidades se cumplan». Señaló que, por esta razón, no tiene sentido instalar estos dispositivos en las carreteras secundarias, a pesar de que la mayoría de los fallecidos en accidentes se producen en este tipo de vías. «Para las secundarias, lo aconsejable son los radares móviles», aclaro.

Pere Navarro afrontó otros temas de actualidad del tráfico. Y sobre todo resaltó que se está en «mínimos históricos de fallecidos» en las carreteras, pues desde la entrada en vigor del carné por puntos han muerto 2.000 personas menos. Antes perdían la vida en la carretera cada día una media de once, mientras que ahora solo son 5,2.

Sin embargo, el responsable de Tráfico mostró su preocupación por los accidentes in itínere (en el trayecto entre el domicilio y el trabajo). Cada año se registran más de 81.000 (224 al día). Por ello, apostó por que ahora les «toca incorporar la política de seguridad vial a las empresas». Asimismo, alertó sobre el «problema» del consumo de alcohol al volante, pues el año pasado la Guardia Civil denunció a 102.000 conductores que circulaban con una tasa mayor de la permitida, y los agentes instruyeron 17.000 diligencias.

Reconoce que aparcar en estas zonas es una sanción leve y reduce la multa a 90 euros.

Desde noviembre de 2005 se consideraba que era una infracción «grave» y su cuantía era de 180 euros.

Madrid- Llevaban años haciéndolo mal pero, por fortuna, han rectificado. El Ayuntamiento de Madrid estipulaba el aparcamiento en zona de carga y descarga como una sanción grave cuando la Ley de Tráfico la califica como leve. ¿La diferencia entre una y otra? Que los infractores pagaban multas de hasta 180 euros cuando el importe máximo de las mismas no debería superar los 90.

El pasado 13 de enero LA RAZÓN informó de que el Consistorio de la capital llevaba cobrando a los conductores, desde noviembre del año 2005,  el doble de lo estipulado por aparcar en las zonas de carga y descarga. El Ejecutivo presidido por Alberto Ruiz-Gallardón se amparaba en uno de los decretos de la reformada Ley que finalmente no fue aprobado. La denuncia, que partió de la asociación Automovilistas Europeos Asociados (AEA), hacía hincapié en que el área de Movilidad había hecho una «aplicación indebida de la norma» en la Ordenanza municipal.

Los casos

Así, en una infracción cometida el 1 de octubre del año pasado, y notificada sólo un mes después, se considera «estacionar por un tiempo igual o superior a 5 minutos en zona de carga y descarga durante las horas fijadas para su uso» como infracción grave según el artículo 6/590 que aplica el apartado 61 de la Ordenanza de Movilidad. En otra multa, esta vez con fecha de infracción de 25 de noviembre y notificación el pasado mes de enero, la calificación de la infracción es leve –según el artículo 7/590–. Mientras en el primer caso el importe de la multa era de 180 euros (126 si se aplicaba la reducción), en la actualidad, la infracción es multada con un máximo de 90 euros. Los conductores que se aplican la reducción abonan al Ayuntamiento de Madrid por esta infracción un máximo de 45 euros.
Si usted se ha visto afectado por esta mala interpretación de la Ley sepa que, si no ha pasado un año desde que abonó su multa, aún está a tiempo de recurrir y ahorrarse 90 euros. Este tipo de sanciones prescribe transcurrido un año de su abono.

Desde la AEA su presidente, Mario Arnaldo, alertó a los conductores que aún no hayan pagado que «pueden devolver su expediente si sigue reclamando un importe ilegal». «Si se encuentran aún con multas de 180 euros que reclamen, ya está bien de confundir a los automovilistas por hacer interpretaciones que se apartan de la ley», indicó el representante de los conductores quien consideró que «en una irregularidad como la que se está cometiendo con el cobro de las sanciones, el alcalde debería ser quien tomara cartas en el asunto».
Fernando Autrán, coordinador general de Movilidad del Ayuntamiento, explicó por su parte que la administración local «no ha rectificado el cuadro de sanciones» sino que lo ha adaptado «a la nueva Ley de Tráfico aprobada por el Congreso». «No tenemos más remedio que ir a remolque de la norma general», explicó Autrán quien detalló que «al día siguiente de la publicación de la Ley, ya estaba adaptado el cuadro de sanciones de Madrid». Con respecto al recurso de las multas, el coordinador general de Movilidad indicó que «cualquier ciudadano tiene todas las garantías jurídicas, igual que en cualquier otro procedimiento sancionador».

La macroencuesta realizada en 2008 por la Dirección de Tráfico del Departamento de Interior pretende conocer los comportamientos y actitudes de la población vasca sobre el tráfico y la seguridad vial.

Por ello en 2008 entrevistó 4.608 familias del País Vasco.

Al ser preguntados sobre el historial de accidentes y sanciones, el 5% de los sondeados afirmaba que entre 2007 y 2008 sufrió algún tipo de accidente de circulación.

Un 85% de esos siniestros se saldó con sólo daños materiales. En esos dos años, el 10% reconocía haber recibido alguna multa, de las cuales, siete de cada diez infracciones fueron por exceso de velocidad o aparcamiento indebido.

La misma proporción de siete de cada diez infractores se acogió al descuento por pronto pago, un 26% más que en 2003. Más de la mitad de la población considera justas las sanciones, aunque un 30% de los hombres las valora como excesivas.

La encuesta pregunta expresamente sobre el respeto a los límites de velocidad. Así, en el caso de las vías urbanas, al menos uno de cada cuatro conductores de turismos encuestados los rebasa, especialmente en el caso de los hombres.

En vías interurbanas, por lo menos tres de cada diez los superan en alguna ocasión.

Sobre alcohol y carretera, el estudio concluye que, aunque mejora el comportamiento respecto a 2003, todavía hay un 16% de hombres conductores y un 7% de mujeres conductoras de turismos que dice consumir alguna cantidad de bebida alcohólica antes de conducir.

Tres de cada diez hombres y dos de cada diez mujeres reconocen que lo usan el telefono móvil mientras conducen, una proporción similar a la de 2003. Uno de cada tres vehículos tiene el sistema de manos libres.

En el apartado de formación vial a casi un 30% le gustaría mejorar su habilidad en la conducción con climatología adversa, y al 23% en el modo económico.