Efectivos del Grupo de Informes y Apoyo de Tráfico (Giat) del Sector de Tráfico de la Guardia Civil en Castilla y León han imputado a un abogado leonés un supuesto delito de falsedad documental acusado de suplantar identidades falsas a la hora de presentar recursos a multas por exceso de velocidad de clientes a los que captaba a través de una página web especializada en estos temas.
Además del letrado, afincado en la capital de la provincia, se investiga también a los empleados de una gestoría de León que también participaban supuestamente en la red ahora desarticulada, en una operación que de momento no ha concluido y en la que no se descarta que se produzcan nuevas identificaciones o posibles imputaciones si se prueban las sospechas que los agentes de la Benemérita tienen desde el inicio de la operación.
Los hechos se iniciaron hace ahora unos meses. La Guardia Civil apreció cómo un letrado de la capital se aprovechaba de unos anuncios en una página web para ofrecerse a recurrir las multas que se imponían a los conductores sorprendidos por el radar en un exceso de velocidad.
Con el pretexto de tramitar los recursos correspondientes, el letrado se hacía cargo de los trámites y cumplimentaba los escritos completando los formularios con datos de personas que nada tenían que ver con los conductores infractores, por lo que en unos casos la respuesta a los recursos se enviaba a personas que no tenían nada que ver con la infracción (el verdadero infractor nunca recibía respuesta en su domicilio y por tanto daba por hecho que la sanción había sido anulada) y en otros casos se producían defectos de forma en la tramitación de las multas que daban lugar a demoras forzadas buscando superar los plazos legales para alegar la prescripción.
Detectadas las incidencias en cuestión, los agentes de Tráfico de la Guardia Civil en Castilla y León pusieron en marcha un operativo que concluyó con la identificación del abogado (de cuya identidad no se tenía ayer ninguna referencia en el Ilustre Colegio de Abogados de León) y su imputación en un supuesto delito de falsedad documental, castigado con penas de prisión que como concepto general van de los seis meses a los tres años de cárcel.
Más de una vez. De acuerdo a las investigaciones realizadas por la Guardia Civil, el supuesto delito no se cometió una sola vez, hubo reiteración en la actividad y además se implicó en lo ocurrido a una gestoría de la capital cuyos profesionales están siendo investigados también por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por si sus actividades pudiesen constituir algún tipo de acto delictivo.
La operación no está cerrada tal y como reconoce la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil en una nota emitida a través de la Subdelegación de Gobierno de León y tanto las diligencias que se han instruido en estas semanas como el propio imputado pasaron en las últimas horas a disposición judicial para que el juzgado de Instrucción que se hace cargo de la guardia estos días proceda con lo correspondiente para estos casos.
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