Multas y notificaciones raramente están bien avenidas. En Alcoy el alcalde Jorge Sedano ha notificado a través de edictos a su portavoz municipal y primer teniente de alcalde, Fernando Pastor, por dos multas de tráfico. La publicación en boletín se debe, como con todos los ciudadanos, a la imposibilidad de localizarle de otra forma. Aunque en este caso el despacho del presunto infractor no esté muy lejos del despacho del alcalde, de quien es mano derecha.
¿Seguro que era tan difícil localizar a una persona tan pública y visible en Alcoy?
Aquí le ofrecemos nuestros servicios a Fernando Pastor.
La Audiencia de Barcelona ha absuelto a dos peatones de conducta imprudente en un accidente. Los dos peatones habían cruzado la calzada por un lugar no habilitado para ello obligando a un motorista a frenar bruscamente lo que provocó un accidente. Esta sentencia rechaza la multa de 30 € y la indemnización de más de 7.000 € que les había impuesto un juzgado de instrucción de Barcelona por conducta imprudente y haber provocado un accidente. La Audiencia de Barcelona entiende que el riesgo no lo crean las personas sino los vehículos y de ahí la existencia del seguro obligatorio porque son los vehículos los que ponen en peligro la seguridad de los ciudadanos.
Vamos, que los conductores tienen que responder por sus imprudencias y por las de los peatones. Y los peatones no tienen que responder ni por las imprudencias ajenas ni por las propias. Curiosa manera de ver las cosas tiene la Audiencia de Barcelona. Desde luego en Autoplus no estamos en absoluto de acuerdo.
A un vecino de Murcia le han impuesto una multa de tráfico en Orihuela. Después de realizar varias maniobras extrañas miembros de la Policía Municipal comprobaron la identidad de un conductor que se identificó como un Policía Nacional en “misión supersecreta”.
La placa que utilizó era falsa y dio positivo en la prueba de alcoholemia. La Policía Local también encontró en su poder placas falsas de la Guardia Civil y de la Legión.
Las multas de tráfico provocan situaciones delirantes. Si no lo crees pregunta a una vecina de Monteagudo, Navarra, acusada de haber intentado atropellar a un agente de tráfico catalán en Barcelona y de darse a la fuga. Ella afirma que es del todo imposible ya que ese día trabajaba y necesita el coche para ir a su centro de trabajo. Eso por no decir que en su vida ha estado en la Ciudad Condal.
De momento están en juego 750 euros, la pérdida de 4 puntos del carné y retirada del permiso de conducir durante dos meses. ¿Cómo probar que su vehículo no podía estar en Barcelona? Sencillamente sólo puede recurrir a su palabra y de poco vale la palabra de un ciudadano contra la de un agente de la autoridad.
Pinta mal para la vecina de Monteagudo.
El nuevo coche oficial del próximo presidente de Estados Unidos, Barack Obama, está realizando sus primeras pruebas. Llamado por los medios de comunicación norteamericanos el “búnker rodante” o “la Bestia“, esta limusina Cadillac de General Motors funciona con combustible diésel y tiene un blindaje superior a los 20 cm que se estima puede aguantar un impacto directo de un lanzagranadas. Algún periodista ha bromeado que con ese blindaje podría soportar hasta el impacto de un meteorito. Sin pintar y todo tiene un aspecto que da miedo. Un gran cambio para el primer presidente afroamericano que hasta ahora conducía un Ford híbrido. Podremos ver el estreno del vehículo el día de la inauguración el 20 de enero.
Este coche recibirá pocas multas.
La nueva limusina de Obama
Creíamos que las multas de tráfico igual que otras sanciones, caían bajo la Ley Orgánica de Protección de Datos. Parece que el personal de la Fiscalía de Badajoz no opina lo mismo.
Decenas de expedientes de multas de tráfico con datos personales y documentos adjuntos fueron tirados al contenedor de recogida de residuos al lado del edificio que alberga la Fiscalía. La documentación además de los datos personales incluía fotos del siniestro y de los fallecidos, informes médicos, etc. Todos pertenecían al 2008 y allí estaban, al alcance de cualquiera que tuviese interés en acercarse al contenedor. Según la propia Agencia de Protección de Datos la sanción que correspondería imponer se movería entre los 600 y los 600.000 euros.
Ya podían ser tan exigentes consigo mismos como son con los demás.
Se libraba de sus multas. Antonio Fontaina, número dos de Asuntos Internos en la Ertzainza ha sido destituido por la Consejería de Interior del Gobierno vasco por falsificar los datos de una multa por exceso de velocidad que se le había impuesto.
La afirmación de Fontaina de que su vehículo era conducido por un ciudadano del Este llevó a una investigación de Tráfico que terminó en diciembre con la notificación de su relevo por “pérdida de confianza”. Recordemos que el Gobierno vasco no es ejemplo de nada en materia de tráfico.
En las últimas semanas han saltado a los medios de comunicación varios casos de supuestas prácticas dudosas en materia de sanciones de tráfico llevadas a cabo por miembros de las fuerzas de seguridad. El más grave por su trascendencia es el sucedido en la Jefatura Provincial de Lugo. Como a la DGT le gusta señalar con el dedo a los conductores y a las empresas de asesoría legal al conductor como Autoplus estará bien que echemos un vistazo a Lugo.
De siempre ha habido casos de guardias civiles y policías que han impuesto multas y las han cobrado en mano, pasando directamente a su bolsillo. Algún famosillo de la prensa rosa sabe bastante de esto. Lo habitual es que los sufrientes fuesen extranjeros, especialmente franceses. Pero el caso de Lugo es muy particular puesto que los expedientes de sanciones desaparecían de la Jefatura Provincial de Tráfico.
En un principio la DGT quiso quitarle hierro al asunto, diciendo que los expedientes desaparecidos podían contarse con los dedos de una mano y que todo era atribuible a una única persona. Esta afirmación era sospechosa desde el momento en que muchas personas en Lugo conocían lo que sucedía según La Voz de Galicia. Poco se tardó en descubrir que no era una sola persona, sino toda una trama que llevaba varios años operativa y que se calcula ha podido afectar a centenares de expedientes.
El procedimiento era el siguiente: una llamada a la persona adecuada ponía en marcha los engranajes a cambio de una comisión cuya cuantía dependía de la multa. Una mano negra hacía desaparecer los escritos de alegaciones por lo que al instructor no le quedaba más remedio que anular la sanción. Estos escritos de alegaciones ni siquiera llegaban a presentarse en realidad ya que uno de los miembros de la red se encargaba de hacer constar su presentación.
Lo curioso del caso es que según lo que podemos leer en prensa la investigación comenzó en primavera y en otoño se aceleró pidiéndose a la DGT en Madrid soportes informáticos que se precisaba analizar. El acceso a esos soportes informáticos por la DGT tardó dos meses en llegar.
Bien haría la DGT en dedicar una parte de sus fuerzas a detectar las manzanas podridas que tiene en su casa y dejar de criminalizar a los conductores españoles.
¿Radares sólo para multar?
Un informe presentado por RACE afirma que a pesar de los centenares de radares que la DGT ha colocado en los últimos años sólo 1 de cada 5 puntos negros tienen uno. Vamos, lo que siempre hemos dicho, que la DGT ubica sus radares siguiendo una estrategia muy clara.
El informe también presenta algunas curiosidades como que el tramo de máximo riesgo de toda la red viaria española está en Albacete, la N-322, en una carretera convencional de montaña que tiene numerosas curvas cerradas y con baja intensidad de tráfico pero donde el control de la velocidad es fundamental. En el periodo estudiado el 70% de las víctimas de accidente fueron motoristas.
Debería ser un ejemplo para todos.
Simon Belsky, jubilado de 63 años, lleva más de dos años en pleitos con el Ayuntamiento de Nueva York. El 3 de noviembre de 2006 el señor Belsky fue multado por un agente de policía por haber aparcado su furgoneta delante de una boca de incendios en Brooklyn. Belsky niega que fuese así y señala que la única boca de incendios de la manzana estaba bien lejos del lugar donde estacionó su vehículo. Y para defender sus derechos ha acudido a la justicia.
Como la justicia es parecida en todas partes (lenta) su caso será visto en febrero de 2009. Hasta ahora Belsky se ha gastado más de 6.000 euros en defender su verdad mientras que los recargos de la multa han escalado a 150 euros. Lo cierto es que no podemos dejar de sentir simpatía por una persona que lucha en solitario contra la Administración. En España también tenemos ejemplos de ciudadanos concienciados con sus derechos.
Felicitaciones a todos los señores Belsky de este mundo.
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