Según Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas asociados, la medida adoptada por el país vecino “afecta muy negativamente a los conductores españoles” que, por diversas circunstancia, viajan de forma frecuente a Portugal, ya que dos de estas vías conectan directamente con España: la A23, que une Abrantes con la localidad de Fuentes de Oñoro, en la provincia de Salamanca y la Via do Infante, que recorre todo el Algarve portugués hasta la frontera con Ayamonte, en la provincia de Huelva.

El precio de estas carreteras será parecido al que ya se paga en otras autopistas portuguesas, unos 8 céntimos por kilómetro recorrido, para la categoría 1 y unos 14 céntimos por kilómetro para la categoría 2, en la que se incluyen los monovolúmenes familiares de siete plazas.

Arnaldo ha apuntado que la actividad en las carreteras portuguesas donde ya se aplican este tipo de peajes ha caído en un 30 por ciento, “un dato que demuestra las consecuencias directas son malas reduciendo, además, la actividad económica en algunas zonas“. Por ello, ha insistido en que las comunicaciones son un servicio público esencial que “está sobradamente pagado por los conductores”.

En concreto, el presidente de AEA ha asegurado que “los automovilistas ya pagan 25.000 millones de euros al año” y, sin embargo, en los Presupuestos Generales del Estado “sólo se destinan 1.100 millones al mantenimiento de las carreteras”, 700 millones menos de los que las asociaciones de conductores estiman necesarios.

El problema de los sistemas de pago

Por último, Arnaldo ha criticado el sistema de pago en estos peajes que empiezan a funcionar esta jueves en Portugal, ya que no existen las convencionales cabinas de pago sino unos arcos que sirven fotografiar las matrículas y descontar el valor del peaje. “Lo que no se es cómo quieren hacer que con este sistema los extranjeros también lo paguen“, ha concluido.

La DGT, por su parte, ha recordado que, aunque no es su competencia, “resulta importante informar a los conductores españoles” puesto que, por proximidad, pueden ser usuarios de estas vías. Para ello, ya colgaron una nota informativa en su web (www.dgt.es) cuando se anunciaron por primera vez estas nuevas tarifas.

Europa Press

El juzgado al que el conductor acudió tras la resolución desfavorable le ha dado ahora la razón al considerar que, a partir de la entrada en vigor de la última reforma de la Ley de Tráfico aprobada en 2009, la infracción por la que fue sancionado el conductor dejó de estar entre el catálogo de infracciones graves: «conducir utilizando dispositivos incompatibles con la obligatoria atención permanente a la conducción en los términos que se determinen reglamentariamente» fue excluido del catálogo.

Por tanto, aunque en la reforma de la ley se tipificó como infracción muy grave el «conducir vehículos que tengan instalados inhibidores de radar o cualesquiera otros mecanismos encaminados a interferir en el correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia del tráfico», la aplicación retroactiva de la norma sancionadora más favorable lleva a concluir que el conductor no puede ser multado por llevar instalado un detector de radares.

Para la AEA, la sentencia del Juzgado de Zamora constituye un precedente judicial y evidencia la actuación ilegal de la DGT en unos cien mil casos en los que tenía que haber anulado las sanciones por aplicación del principio constitucional de “retroactividad de ley sancionadora más favorable”. En las próximas semanas, la asociación solicitará al próximo Ministro del Interior que se haga una revisión de las sanciones impuestas en los últimos tres años.

Fuente AEA

El informe señala que son más propensas a conducir de forma distraída aquellas personas que suelen tener olvidos y tienden a hacerlo en mayor medida por aquellas carreteras que recorren de manera habitual.

De entre los conductores subconscientes, un 57% se equivocan de camino, un 42% cometen alguna imprudencia (saltarse semáforos en rojo, ir a más velocidad de la permitida, circular en dirección contraria), un 46% perciben estar expuestos a algún riesgo y un 34% tardan más tiempo en reaccionar.

Por comunidades autónomas, las regiones donde se conduce de manera más distraída son Madrid (32%) y País Vasco y Murcia (28%). En el extremo opuesto se encuentran Galicia, Extremadura y Aragón (entre un 15 y un 18%).

El tamaño del hábitat tiene una influencia notable en la conducción subconsciente, de manera que cuanto más grandes son las ciudades más se tiende a llevar el coche sin prestar atención al volante.

El perfil de este tipo de conductores corresponde generalmente a una persona menor de 55 años, con un nivel de estudios medio/alto y que realiza un trayecto habitual. Tiene una actitud más confiada y una menor percepción del riesgo, y darle vueltas a problemas cotidianos le lleva a pensar en cosas diferentes a la propia conducción y favorece, por tanto, una actitud más distraída.

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El informe presentado por Tráfico habla de doce incidencias. En ellas se reflejan siete errores relacionados con las puertas de servicio o emergencia o en sus dispositivos de accionamiento, dos incidencias respecto a las personas que acompañan a los menores, dos también sobre la ausencia de las placas que informan que los autobuses son transportes escolares y una sobre excesivo tiempo al volante por parte del conductor.

Durante la campaña, los controles realizados por la Guardia Civil de Tráfico dieron especial importancia al uso del cinturón de seguridad ya que una colisión a 30 kilómetros hora, provoca que un menor salga despedido si no está sujeto. No obstante, los agentes no detectaron ninguna irregularidad de este tipo en los 192 autobuses inspeccionados.

Menor índice de lesividad

El autobús es el transporte con menor índice de lesividad (14 veces por debajo del automóvil) así como el más utilizado para el transporte de menores a sus centros de estudio. Desde 2007, este transporte debe cumplir una serie de normas de seguridad de manera obligatoria. Entre ellas se encuentran que los menores vayan acompañados por una persona debidamente cualificada, que los vehículos no superen los diez años de antigüedad, que tengan un seguro de responsabilidad civil ilimitado o estar obligados a llevar la señal de transporte escolar.

Fuente: eldiariomontanes.es

Un año más, y ya van tres, el Ayuntamiento de Madrid reduce sus presupuestos y se compromete a rebajar su deuda en 724 millones de euros para el ejercicio de 2012. Todos los departamentos reducirán sus presupuestos, excepto seguridad y servicios sociales.

Se trata de gastar menos y ser más eficaces en la recaudación. Y aquí es donde entran algunas medidas que sin duda traerán polémica y algún disgusto para los madrileños.

El consistorio tiene previsto aumentar de cuatro a cinco el número de radares móviles y multiplicar por cuatro el número de denuncias. Pasar de las 500 a las 2.000. Medidas como esta tendrán una repercusión inmediata en las arcas municipales.

El Consistorio tiene previsto ingresar por multas de circulación 175.950.000 euros. Curiosamente, una cifra inferior a la que se presupuestó para este año, que fue de 220 millones.

El Ayuntamiento ingresará por sanciones de tipo urbanístico, tributario, o de circulación, 200.247.000 euros. Por lo que se refiere especificamente a la circulación, el número total de sanciones que se prevén es de 560.000.

Se supone que cada agente impondrá 866 denuncias y que las denuncias en materia de seguridad vial lleguen hasta las 80.000. Además, el Ayuntamiento hace una previsión de ingresos de 7,77 millones de euros por la retirada de vehículos de la vía pública

Sin embargo, no parece que en todos los casos la DGT esté limpiando sus registros según marca la ley. Automovilistas Europeos Asociados (AEA) ha alertado de que transcurridos tres años, «Trafico sigue teniéndolos en cuenta a efectos de computar el saldo de puntos y de declarar la pérdida de vigencia del carné de conducir». Así, AEA denuncia que ha detectado sanciones con pérdida de puntos anotados en el año 2007 y los primeros meses de 2008 que deberían haberse cancelado de oficio. De hecho, en el caso de algunos conductores, esos puntos han sumado para que se les declarase la pérdida del carné de conducir, cuando deberían estar ya borrados del registro.

AEA estima que más de 200.000 multas con detracción de puntos deberían haberse cancelado en el Registro de Conductores e Infractores, lo que ha ocasionado que a unos 20.000 conductores se les haya privado injustamente del carné de conducir. Es decir, aproximadamente un 20% del total, según sus cálculos.

La asociación de defensa de los automovilistas advierte de que en el Registro de Conductores e Infractores de la DGT no pueden existir sanciones firmes anteriores al 10 de noviembre de 2008 de conformidad del artículo 93 de la Ley de Seguridad Vial.

Para colmo, según ha denunciado la asociación, la DGT «tampoco ha borrado de sus registros las infracciones que con la reforma de al Ley de Seguridad Vial dejaron de detraer puntos–como por ejemplo estacionar en carril-bus– y que por aplicación del principio de constitucionalidad de retroactividad de la ley más favorable no pueden ser tenidas en cuenta a partir del 29 de diciembre de 2009 para determinar el saldo de puntos».

Ahora bien, ¿cómo puede saber un automovilista si Tráfico le ha borrado de su historial de puntos  perdidos los que debe borrarle?  La única manera de saber qué expedientes están cancelados es acudiendo personalmente a Tráfico y pedir una consulta detallada de antecedentes donde consta la fecha en que la sanción con pérdida de puntos adquirió firmeza.

Consulta telemática
También existe la posibilidad de consultarlo de manera telemática si el automovilista tiene firma electrónica. Cualquier automovilista, no obstante, tiene posibilidad de conocer su saldo de puntos sin necesidad de tener firma electrónica desde la página web de la DGT, la diferencia en este caso es que al usuario se le facilita el total de puntos de los que dispone y no se detalla la causa por la que haya perdido puntos.

AEA también ha constatado que «sospechosamente, en las notificaciones que manda la DGT para comunicar que se ha agotado el saldo de puntos y que se inicia el procedimiento para declarar la pérdida de vigencia del permiso de conducir no figura la fecha en que las sanciones graves o muy graves dieron lugar a la detracción de puntos, con lo que el ciudadano no puede saber si esa multa debe estar o no cancelada de acuerdo con la ley».

AEA ya ha anunciado que va a solicitar a la Agencia de Protección de Datos y a la Fiscalía Especial de Seguridad Vial que abra una investigación sobre el tiempo que la DGT ha mantenido indebidamente los antecedentes desfavorables de los conductores y que han sido tenidos en cuenta  no sólo para declarar la pérdida de vigencia de los permisos de conducir, sino para determinar si un conductor ha cometido un delito contra la seguridad vial por conducir con un permiso no vigente. AEA también ha promovido ante el Tribunal Supremo varios recursos en los que denuncia que «el actual sistema de declaración de pérdida de vigencia previsto contemplado en el carné por puntos español deja indefensos a los ciudadanos».

El presidente de la asociación, Mario Arnaldo ha manifestado sobre esta cuestión que «la mochilita a la que se refería Pere Navarro para explicar el efecto de la detracción de puntos, se ha convertido en un instrumento diabólico para miles de ciudadanos». La DGT aseguró, sin embargo, que maneja habitualmente tres millones de expedientes cada año. «Todos los días se quitan y devuelven puntos a los conductores y es un sistema que funciona».  La cuestión de la caducidad de los puntos a los tres años en nada tiene que ver con la posibilidad de que pasados dos años, o tres en los casos de las infracciones muy graves, un conductor pueda recuperar su saldo de 12 puntos si en ese tiempo no ha cometido ninguna infracción.

Fuente: AEA – La Razón

EFE

El foco sobre los peatones se coloca pese a que las estadísticas de la Policía Local describen que de los 128 atropellos, en tan sólo 25 de ellos la culpa fue achacable a los ciudadanos que iban a pie, mientras que en los otros 103 accidentes se constató la imprudencia de los conductores.

Con estos datos, el principal objetivo de la campaña, informa Gavilanes, será que «los conductores respeten la prioridad de los peatones en los pasos de cebra y conseguir el mayor respeto de los conductores a la luz roja de los semáforos», así como conseguir que los cinductores «reduzcan la velocidad en los pasos de peatones y evitar que aparquen en las inmediaciones de los pasos de peatones para facilitar la visibilidad». Tres máximas dirigidas a los condustores que se completan con el control para «evitar que los peatones crucen la calzada por lugares no habilitados o por los pasos de peatones con el semáforo en rojo».

La campaña se centrará en los pasos de peatones y cruces de los focos en los que se han registrado un mayor número de atropellos, como Fernández Ladreda, Sáenz de Miera, Condesa Sagasta y Reyes Leoneses, pero sin descuidar otras zonas con incidentes reseñados, caso de Álvaro López Núñez, José Aguado y la calle Astorga. Zonas en las que se situarán los agentes de las unidades de Tráfico y Policía de Barrio, de manera principal, aunque todos los miembros del cuerpo entran dentro de la labor preventiva.

Según AEA, una vez que esta asociación advirtió sobre el absurdo de denunciar infracciones aún no cometidas, la DGT suprimió los cinco edictos fraudulentos y los sustituyó por nuevos edictos, de menor volumen y firmados por jefes de Tráfico de otras provincias. En estos casos, las multas ya no llevaban fecha posterior a la de publicación del edicto.

AEA ha enviado los documentos publicados en el Testra y posteriormente suprimidos al fiscal coordinador de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, y al Ministerio del Interior, ante la sospecha de que se haya cometido un doble fraude: el primero al publicar edictos adivinando que miles de personas van a cometer infracciones en el futuro, y el segundo al hacer desaparecer esas listas y sustituirlas por otras nuevas.

Mario Arnaldo, presidente de AEA, aseguró a LA GACETA que “al hacer desaparecer esas listas, que AEA conserva en el formato original, se comete un fraude, ya que la Ley de Tráfico establece que las denuncias ya no se publican en papel, y que es válida la publicación en el tablón Testra de Internet, en un documento firmado por el jefe provincial de Tráfico”. Para Arnaldo, al publicar nuevas listas en sustitución de las fraudulentas, “se comete un nuevo fraude, ya que se utiliza la numeración adjudicada a las originales”.

AEA no ha recibido por ahora respuesta del fiscal Vargas ni del Ministerio del Interior en relación con estas cinco listas publicadas en el Testra. Como medida cautelar, esta asociación ha pedido que se suspenda la publicación de multas en el tablón Testra, hasta que no se aclare lo sucedido con los edictos falsos. Para Mario Arnaldo, “el hecho abre la puerta a la sospecha de que Tráfico haya recurrido a este procedimiento de adivinación de infracciones en otras ocasiones”.

En los cinco casos de adivinación descubiertos por AEA se han eliminado fraudulentamente los edictos, pero según Arnaldo “es posible que se hayan cobrado estas multas, ya que por una parte AEA no ha comprobado todas las listas desde que entró en vigor la Ley de Tráfico y, por otra parte, los conductores no pueden comprobar si la denuncia que se les trata de cobrar es fraudulenta; ya que cuando se comunican las denuncias no se indican las fechas en que se han publicado en Internet en el tablón edictal Testra”.