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La hucha pública necesita dinero y hay que sacarlo hasta de debajo de las piedras. Las multas por exceso de velocidad siempre son una apuesta segura, e Interior no se ha andado con bromas.

El Ministerio de Interior ha comprado siete nuevos y potentes Mercedes 220 CDI, con unos 170 CV de potencia, con el objetivo de dotar al cuerpo de Tráfico de la Guardia Civil de vehículos camuflados que sean capaces de perseguir a los conductores que pisen el acelerador más de la cuenta. La velocidad máxima de este coche, que lleva cambio manual de seis velocidades, es de 230 kilómetros por hora, que, lógicamente, los agentes podrán alcanzar con facilidad sin temer a que les pongan multas.

Si había motivos para que los conductores estuvieran molestos, ya hay al menos siete más para que los sufridos contribuyentes perciban a la Administración Central como un “voraz” promotor de sanciones con un único ánimo recaudatorio.

El coste de cada uno de estos vehículos ronda los 37.000 euros, según ha podido saber El Semanal Digital, aunque a este precio básico habría que añadir la instalación del radar y otros equipamientos propios de los vehículos camuflados de la Guardia Civil, que no llevan ninguna identificación exterior ni rotulación de ningún tipo.

A ello se añade la instalación de la cartelería posterior luminosa de “Pare”, que se enciende cuando a uno de “pillan”, sirenas, luces especiales y, en algunos casos, equipamiento informático especial para la identificación online de matrículas e inhibidores de frecuencias. El coste de los siete vehículos podría haberse acercado a los 300.000 euros, unos 50 millones de las antiguas pesetas, que la Dirección General de Tráfico piensa recuperar mediante multas y sanciones de tráfico.

El Director General de la DGT, Pere Navarro, dependiente del Ministerio del Interior que tutela el ministro Alfredo Pérez Rubalcaba, está intensificando el carácter “recaudatorio” de su negociado de Tráfico, con los mismos fines que ya han sido denunciados por los Inspectores de Hacienda por las presiones que vienen recibiendo de sus superiores políticos para perseguir a los contribuyentes.

Unos son color plata, otros verdes y otros negros. Por el momento sólo se les ha visto circular por las carreteras madrileñas, sobre todo A-5, M40, M50 y radiales. Según fuentes consultadas por este periódico, no se descarta que a estos siete nuevos vehículos se incorporen otros antes de las vacaciones de Semana Santa para repartirlos por otras carreteras españolas.

La macroencuesta realizada en 2008 por la Dirección de Tráfico del Departamento de Interior pretende conocer los comportamientos y actitudes de la población vasca sobre el tráfico y la seguridad vial.

Por ello en 2008 entrevistó 4.608 familias del País Vasco.

Al ser preguntados sobre el historial de accidentes y sanciones, el 5% de los sondeados afirmaba que entre 2007 y 2008 sufrió algún tipo de accidente de circulación.

Un 85% de esos siniestros se saldó con sólo daños materiales. En esos dos años, el 10% reconocía haber recibido alguna multa, de las cuales, siete de cada diez infracciones fueron por exceso de velocidad o aparcamiento indebido.

La misma proporción de siete de cada diez infractores se acogió al descuento por pronto pago, un 26% más que en 2003. Más de la mitad de la población considera justas las sanciones, aunque un 30% de los hombres las valora como excesivas.

La encuesta pregunta expresamente sobre el respeto a los límites de velocidad. Así, en el caso de las vías urbanas, al menos uno de cada cuatro conductores de turismos encuestados los rebasa, especialmente en el caso de los hombres.

En vías interurbanas, por lo menos tres de cada diez los superan en alguna ocasión.

Sobre alcohol y carretera, el estudio concluye que, aunque mejora el comportamiento respecto a 2003, todavía hay un 16% de hombres conductores y un 7% de mujeres conductoras de turismos que dice consumir alguna cantidad de bebida alcohólica antes de conducir.

Tres de cada diez hombres y dos de cada diez mujeres reconocen que lo usan el telefono móvil mientras conducen, una proporción similar a la de 2003. Uno de cada tres vehículos tiene el sistema de manos libres.

En el apartado de formación vial a casi un 30% le gustaría mejorar su habilidad en la conducción con climatología adversa, y al 23% en el modo económico.

El viernes también se procedió a retirar un vehículo, propiedad de un vecino de Alcalá, de que acumulaba 65 denuncias y se notificó a otro conductor las 250 multas que tiene pendientes en la capital.

El expediente judicial del caso de las multas de la Policía Local de Lugo, cuyo secreto se levantó a finales de la semana pasada, incluye unos 220 boletines de denuncias que fueron retiradas sin motivo por supuesta indicación de los agentes que ahora serán citados como imputados.

El juzgado dividió en varios bloques estas sanciones, obtenidas tras el registro realizado en las dependencias de la Policía Local en junio pasado y por aportaciones de los actuales responsables del cuerpo. Las diligencias se iniciaron hace año y medio, y suman más de 1.000 folios.

Como se trata de sanciones que no incluyen el nombre del infractor, sólo la matrícula, unos 60 fueron identificados gracias a la información facilitada por la Dirección General de Tráfico. Estos son los que conforman el primer apartado. Hay multas de todo tipo: por aparcar en carga y descarga, sobre la acera, en zona peatonal, en el carril bus; y también alguna de alcoholemia, de saltarse semáforos en rojo o de exceso de velocidad.

El segundo bloque, que incluye unas 50, parte de las identificaciones de los propios archivos de la Policía Local e igualmente reflejan infracciones de tráfico comunes que se saldan con entre 60 y 150 euros de importe.

Una tercera separata proviene de los expedientes aportados por los actuales responsables de la policía municipal. Según el expediente judicial, estos boletines estaban dentro de un caja con el epígrafe “denuncias con errores (sin expedientar)”. Si bien las de los dos bloques anteriores correspondían casi todas a cuatro meses, entre noviembre de 2008 y febrero de 2009, éstas son muchas del 2007 y lleva aparejado un curioso boleto de uso interno. Cada una de las denuncias anuladas tiene grapado este papel, con el sello del Ayuntamiento y la referencia a la Unidad de Sanciones. Cada agente reconoce aquí explícitamente un error en la confección del boletín y firma la anulación con su número de tarjeta profesional. Una de estas multas fue impuesta en la Ronda de la Muralla al alcalde de Muras, del PP, por hablar por el móvil al volante, con una sanción de 150 euros.

Rastro documental
En buena parte de los boletines de denuncia anulados curiosamente figura la misma frase, e incluso escrita con letra similar: “No hay inconveniente”. A veces se le suma la coletilla “para retirar la denuncia” y otras se refiere que se le “dejó una copia en el parabrisas”.

Una prueba de la supuesta impunidad con la que actuaban algunos de los policías es que sus nombres quedaron reflejados en la denuncia. Así, los investigadores creen que la persona que gestionaba la sanción en las dependencias de la Policía Local prefirió dejar constancia del nombre del agente que lo pidió, o bien de su número de tarjeta profesional.

El modo de operar se ve descrito perfectamente en las conversaciones telefónicas pinchadas. El juzgado ordenó la intervención de tres números, correspondientes al agente R.V.R., actualmente en prisión por la operación Carioca contra clubes de alterne, al anterior encargado de la Unidad de Sanciones y a una funcionaria. El policía explica en diversas ocasiones a sus interlocutores, es decir, personas que le piden la retirada de sanciones, cómo hay que hacer y cuáles son los pasos. Este agente, que también es titular al 50% de una correduría de seguros, explica que la mejor manera es avisar antes de que acabe el turno, para así anular el boletín antes de que tenga inscripción dentro de las oficinas.

Estas conversaciones son inequívocas. En ellas se revelan conversaciones donde R.V.R. confirma que va a quitar multas por petición de sus comunicantes, algunos de ellos identificados como “anónimos” y otros con nombres porque así lo dicen al identificarse cuando descuelgan el teléfono. Se investiga si varios eran clientes suyos de seguros, a los que podría incluso ofrecer este servicio de quitamultas, aunque estos extremos aún están por constatar una vez se realicen las declaraciones de los más de 150 imputados en el juzgado instructor.

Otros listados
Llama también la atención que el expediente incluya listados con todos los atestados en los que intervino la Policía Local en los años 2008 y 2009. En estos informes figura el agente actuante, la calle y el motivo de los accidentes con las matrículas de los coches, aunque por el momento no se extrae conclusión alguna al respecto. En el caso de haber dado positivo por alcoholemia los implicados, también se hace referencia y la tasa correspondiente.

Igualmente aparecen referenciadas casi una veintena de empresas, propietarias de coches o arrendatarias de vehículos de alquiler a los que se les retiraron sanciones. Todas ellas —menos una, que no pudo localizar al conductor— dieron cuenta al juzgado de quién era la persona que iba al volante cuando se produjo la infracción punible.

Confianza
El alcalde de Lugo, el socialista José López Orozco, volvió a expresar este martes su “confianza” en la Justicia, ante la investigación que mantiene abierta el juzgado de instrucción número 3 de Lugo. Orozco reconoció, en una conferencia de prensa, que había leído el “amplio” sumario que se facilitó a las partes implicadas y que hará que por las dependencias del juzgado instructor pasen unos 80 agentes de la Policía Local.

Sobre la posibilidad de suspender de funciones a los agentes que puedan resultar implicados, el alcalde dijo que serán los servicios jurídicos del Ayuntamiento “los que en su momento nos señalen el camino a seguir”, aunque advirtió de la necesidad de mantener “la presunción de inocencia mientras no se demuestre alguna culpabilidad”.

La investigación es aún incipiente y después de que declaren los primeros imputados posiblemente surgirán otras personas, que por el momento no aparecen en la causa pero sí estarán también encausadas.

El fabricante de automóviles planea convertirse en operador móvil virtual y brindar servicios a sus vehículos.

El director general de Peugeot España, Rafael Prieto, informó que su empresa desea ingresar al mercado de la telefonía móvil. El fabricante de automóviles analiza la posibilidad de convertirse en un operador móvil virtual (OMV) y, de este modo, brindar servicios a sus vehículos.

Prieto comentó que la intención es ofrecer el servicio móvil a los más de 60.000 coches con instalación telefónica que Peugeot tiene en el territorio español. El directivo resaltó que el 30% del consumo actual de los teléfonos móviles tiene lugar dentro del vehículo.

“Con este volumen sería rentable convertirse en un operador de estas características”, consideró Prieto en declaraciones reproducidas por Europa Press. El ejecutivo se encargó de aclarar que, en caso de concretarse el proyecto, éste sería realizado en el marcado de políticas de seguridad vial y eco-conducción.

Cabe recordar que el uso del móvil en el coche sólo está permitido con el sistema de manos libres. Las sanciones impuestas por la Dirección General de Tráfico por la violación de estas normas ya han superado los 30 millones de euros.

Al parecer, el conductor disfrutaba del tercer grado penitenciario y temía que tuviera que ingresar en prisión.

Lo que era una mera multa de tráfico puede acarrearle consecuencias penales a una vecina de Vilalonga a la que, al parecer, no se le ocurrió otra cosa que denunciar el robo de su coche para ocultar que lo había pillado un radar cuando lo conducía un pariente. Por lo pronto, M.P.G.F., de 24 años, está imputada por un supuesto delito de simulación de infracción penal.

Fue el pasado domingo, 10 de enero, cuando la sanxenxina se presentó en la Comisaría para denunciar que «había sido víctima del robo de su vehículo que, al parecer, había dejado perfectamente estacionado y cerrado en una calle de la ciudad».

La verdad sale a la luz

Sin embargo, no pasó mucho tiempo hasta que la verdad salió a la luz. La mujer, aparentemente, se lo debió pensar dos veces y acudió de nuevo a la sede policial. Allí, reconoció que de robo nada de nada, sino que «el vehículo había sido utilizado por un familiar, quien se había saltado un control radar de la Guardia Civil».

La inquietud que le embargaba y que pudo originar que tomase la drástica decisión de denunciar en falso fue el hecho de que su pariente disfruta actualmente del tercer grado penitenciario, por lo que, supuestamente, creyó que la infracción cometida podía ser suficiente para ser nuevamente detenido y conducido a prisión.

En todo caso, una portavoz de la Comisaría de Pontevedra dejó claro que M.P.G.F. «reconoció la falsedad de los hechos denunciados» inicialmente en el transcurso de la toma de declaración que se le hizo en calidad de imputada no detenida.

A este respecto, estas fuentes recordaron que este tipo de conductas, además de estar castigadas por el Código Penal, causan en ocasiones graves perjuicios en la labor policial. Y es que los agentes tienen que realizar una serie de pesquisas que perturban «el normal funcionamiento de las unidades de investigación».

Tags: direcion general de trafico, multas

La Guardia Civil multó a un total de 2.690 motoristas durante los 15 días de duración de la campaña intensiva de vigilancia y concienciación de motocicletas de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Esta campaña se produjo por “la preocupación” de la DGT por la siniestralidad en este tipo de conductores.

 Durante la campaña, que ha tenido lugar en todo el país salvo en el País Vasco y Cataluña, los agentes controlaron a 100.976 motocicletas. De los datos obtenidos, destaca, según indicó la DGT, el hecho de que “todavía y pese a los continuos mensajes informativos”, 297 motoristas han sido denunciados por no utilizar o hacer un uso inadecuado del casco. Otras dos infracciones sancionadas los adelantamientos antirreglamentarios y el exceso de velocidad, concretamente a 304 y 283 motoristas respectivamente.

Por otro lado, el elevado número de motoristas que no han pasado la Inspección Técnica de Vehículos asciende a 360 y 110 de los conductores controlados carecían del seguro obligatorio. En lo que se refiere a documentación, 320 motoristas fueron denunciados por no tener en regla algún documento de la moto o del propio conductor.

Tags: campaña motoristas, dgt, multas

Según las autoridades madrileñas, los radares de la M-30 no tienen un afán recaudatorio. Insisten en que sólo persiguen mejorar la seguridad vial de la capital, pero lo que es indudable es que generan muchisimo dinero.

Los cinemómetros de los túneles de la M-30 llevan un año de funcionamiento y esto coincidió con un recalibrado de los radares de superficie. Resultado: en los primeros cinco meses del año, el número de denuncias se ha incrementado en un 400 por ciento o, lo que es lo mismo, de 49.814 a 264.546.

Desde el Ayuntamiento, y según refleja el diario El Mundo, se sostiene que ‘los radares contribuyen a bajar la velocidad de los vehículos, lo que redunda en su seguridad, como demuestra que aún no se haya registrado ningún accidente mortal desde hace un año’.

Respecto a los radares, después de un fuerte incremento inicial, el número de denuncias se ha estabilizado en una media mensual de 20.000.

Los Agentes de Movilidad interpusieron 381.238 denuncias en 2008, lo que supone un ligero incremento respecto al año pasado, siendo abril el mes con más denuncias y diciembre el que menos.

No obstante, el servicio que más beneficios otorga al consistorio madrileño es el Servicio de Estacionamiento Regulado (SER). En 2008, se impusieron 2.374.653 denuncias y este año se va en el mismo camino.

Tags: afan recaudatorio, multas, radares de la M30