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Lo ha anunciado hoy el concejal de Sociedad de la Información, Joaquín Ruiz, que ha explicado que los policías transmitirán los datos del automóvil y la sanción correspondiente a la infracción directamente al ayuntamiento a través de un dispositivo móvil.

Una pegatina en el vehículo alertará al conductor de que ha sido multado, ha dicho el edil que ha señalado que quedará “eliminado todo el proceso burocrático en papel, desde la papeleta amarilla de la multa hasta su recepción y gestión en el departamento de sanciones de tráfico”.

La implantación de este “software de sanciones”, que es un sistema “muy avanzado tecnológicamente”, será financiada con cargo a la segunda fase del Plan E del Gobierno central.

Junto a este nuevo procedimiento, el dinero del Plan E servirá para mejorar los sistemas de comunicación de la Policía Local, que “en la actualidad son bastante precarios”, ya que los agentes utilizan un sistema de intercomunicadores que se ve afectado por las “zonas de sombra” que existen en el término municipal y que puede dar lugar a “situaciones delicadas” por falta de cobertura.

Estos intercomunicadores serán sustituidos por otros con sistemas de voz con tecnología IP, que también van a ser aplicados a otros departamentos del ayuntamiento.EFE 1010091

La Dirección General de Tráfico (DGT) tiene intención de ponerse cuanto antes a trabajar en un sistema que permita a los jóvenes de 17 años ponerse al volante acompañados de otro conductor. El proyecto está incluido en el plan estratégico de Seguridad Vial 2010-2015 que ultima el departamento que dirige Pere Navarro, y podría ponerse a rodar antes de que acabe la legislatura. Aunque aún no está totalmente definido el modelo que se adoptará finalmente, es previsible que se opte por un sistema que obligue a los jóvenes a acudir a la autoescuela y tomar un número mínimo de clases teóricas y prácticas. Y antes de ponerse al volante deberán aprobar el examen teórico. Podrán entonces conducir acompañados hasta los 18 años, cuando podrán examinarse del práctico. Este modelo u otros muy similares han funcionado con éxito (reducciones de hasta un 25% de la siniestralidad juvenil) en otros países como Francia, Reino Unido, Suecia, Bélgica, Noruega, Estados Unidos o Australia. En alguno de ellos se aplica desde hace varias décadas.

Fuentes de Tráfico señalan que es un proyecto “que gusta a todo el mundo”. El conductor sin experiencia adquiere habilidades de forma gradual y siempre acompañado de una persona que tenga un mínimo de antigüedad en el permiso de conducir (se barajan cinco años).

El tutor, con los 12 puntos

El tutor del novato no podrá haber perdido ningún punto del carné ni tener en su historial faltas muy graves. El objetivo es entrenar de forma intensa y supervisada a los jóvenes aspirantes en uno de los periodos en los que éstos sufren más accidentes: los primeros meses.

La idea de implantar la conducción acompañada o tutelada en España viene hace tiempo. El 8 de mayo de 2009 se reformó el Reglamento de Conductores, aunque pasó prácticamente desapercibido, y se incluyó una disposición final que dejaba al Gobierno las manos libres para “regular las condiciones y los requisitos de la licencia de conducción acompañada para realizar el aprendizaje en la conducción”. Según fuentes de Tráfico, se intentará implantar en esta legislatura, pero no es la máxima prioridad. Con esta medida se pretende rebajar aún más las muertes de los más jóvenes en accidente de tráfico, que desde 2003 han descendido un 64%. Los jóvenes son aproximadamente el 22% de la población, el 20% del censo de conductores y soportan el 36% de las muertes en accidente de tráfico y el 42% de los heridos graves.

El alcalde de Madrid quiere exprimir aún más a los madrileños y este lunes ha pedido en unas jornadas en el Congreso más competencias sobre tráfico así como un endurecimiento mayor de las sanciones. Ruiz Gallardón asegura que “siempre somos acusados de voracidad recaudatoria” aunque negó tenerla.

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, ha pedido más competencias para los ayuntamientos en materia de seguridad vial y un endurecimiento de las sanciones por comportamientos “insolidarios” como superar los límites de velocidad en las ciudades, o parar o estacionar en el carril-bus, así como más facilidades para cobrar las multas a vecinos de otros municipios y, especialmente, de otras comunidades autónomas.

Durante su intervención en la II Jornada Parlamentaria sobre Seguridad Vial y Prevención de Accidentes de Tráfico, celebrada en el Congreso de los Diputados de Madrid, Gallardón destacó que “hace falta ampliar las competencias de las ciudades para regular la circulación de las bicicletas y de otros medios de transporte alternativos en el espacio público”.

Entre otras cosas, pidió que se considere ‘muy grave’ circular a 100 kilómetros por hora en vías limitadas a 50 kilómetros por hora, comportamiento ahora calificado como ‘grave’; y que se recupere la detracción de dos puntos del carné de conducir para los ciudadanos que paren o estacionen en el carril-bus, ya que la eliminación de esta medida “no es un paso adelante para eliminar o reducir los comportamientos que hacen menos atractivo el uso del transporte público”.

“Los ayuntamientos siempre somos acusados de voracidad recaudatoria, pero no queremos que se suban las sanciones, sino que las multas sean más efectivas y por eso es más eficaz quitar puntos para quien afecta gravemente al transporte público”, apostilló.

Por otra parte, el primer edil madrileño pidió a las autoridades de tráfico permiso para que los ayuntamientos puedan utilizar “señales propias” fuera del reglamento de la Ley de Seguridad Vial, necesarias para “informar a los usuarios” sobre situaciones específicas de los ámbitos urbanos. “El Estado debería habilitar a los ayuntamientos a usar señales propias”, insistió.

Finalmente, subrayó las dificultades que las corporaciones locales siguen encontrado “para hacer efectivas las sanciones a quien no reside en los municipios, mucho más si no es siquiera vecino de la misma comunidad autónoma”, pese a la creación de la Dirección Electrónica Vial y de otras mejoras en este sentido.

La crisis económica, con una disminución de ingresos de las admnistraciones públicas en el apartado tributario, ha provocado un afán recaudatorio que, en el ámbito municipal, se manifiesta, entre otras cosas, en un aumento de las multas relacionadas con el tráfico. El caso de Santa Coloma de Gramenet es un reflejo de esta situación.

El Ayuntamiento de esta ciudad ha tenido que aplazar la aprobación del presupuesto para 2010 ante las reservas planteadas por la interventora municipal. Una de las objeciones de la interventora se fundamenta, precisamente, en el excesivo aumento previsto -en su opinión- en la partida de ingresos por multas.

La previsión de ingresos por este concepto en el proyecto de presupuesto era de 600.000 euros, cuando, normalmente, los ingresos municipales originados por sanciones en Santa Coloma no superan los 200.000 euros anuales.

El problema es más general. Recientemente,  Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados, declaró que el volumen actual de multas de tráfico ha crecido tanto, que las administraciones -estatal, autonómica en el caso de Catalunya y el País Vasco, y municipal- “son incapaces de tramitarlas con eficacia. Son víctimas de su propia burocracia”.

Asimismo, las asociaciones de automovilistas Real Automóvil Club de España (RACE) y Comisariado Europeo del Automóvil (CEA),  coincidieron hace unos meses en que la subida hasta el 50% del descuento en las multas de tráfico por pronto pago tiene detrás fundamentalmente un afán recaudatorio del Gobierno español.

También se ha considerado que la reducción de la velocidad a 80 km. / h. en las autopistas y autovías de acceso a Barcelona tiene, entre otras motivaciones, el propósito de aumentar los ingresos por sanciones de tráfico. Según el Servei Català de Trànsit se imponen una media de 122 sanciones diarias en esos tramos.

El Gobierno tenía previsto colocar 2.000 cinemómetros en esta legislatura.

La instalación de radares fijos en las carreteras españolas debe ser medida y meditada. Así lo anunció ayer el director general de Tráfico, Pere Navarro, en un desayuno informativo en el que señaló que, aunque la cifra aún no es definitiva, estos dispositivos de vigilancia de velocidad se irán colocando de forma escalonada, a razón de entre 150 y 200 al año.

De esta forma, los responsables de la Dirección General de Tráfico (DGT) reducen a la mitad su proyecto inicial de instalar 2.000 cinemómetros en las carreteras españolas hasta el final de la legislatura, según el Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial. Además, así lo recogía el programa electoral del PSOE y así lo ratificó el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la inauguración del centro automatizado de denuncias de León, el 7 de junio del 2008.

Actualmente hay en funcionamiento 520 radares fijos. Y su límite estará vinculado a la longitud de la red viaria, como sucede en otros países europeos. La proporción final actualmente está siendo analizada por los expertos. «No se puede continuar poniendo radares indefinidamente. En un momento dado, si se necesita en un determinado sitio, se tendrá que quitar de otro. Es una idea que se está conformando en Europa, y está bien», aseguró Navarro.

El máximo responsable de la DGT considera que los radares fijos deben colocarse en carreteras principales con una cierta intensidad circulatoria, por encima de los 6.000 vehículos, dado que su función principal es controlar que «las velocidades se cumplan». Señaló que, por esta razón, no tiene sentido instalar estos dispositivos en las carreteras secundarias, a pesar de que la mayoría de los fallecidos en accidentes se producen en este tipo de vías. «Para las secundarias, lo aconsejable son los radares móviles», aclaro.

Pere Navarro afrontó otros temas de actualidad del tráfico. Y sobre todo resaltó que se está en «mínimos históricos de fallecidos» en las carreteras, pues desde la entrada en vigor del carné por puntos han muerto 2.000 personas menos. Antes perdían la vida en la carretera cada día una media de once, mientras que ahora solo son 5,2.

Sin embargo, el responsable de Tráfico mostró su preocupación por los accidentes in itínere (en el trayecto entre el domicilio y el trabajo). Cada año se registran más de 81.000 (224 al día). Por ello, apostó por que ahora les «toca incorporar la política de seguridad vial a las empresas». Asimismo, alertó sobre el «problema» del consumo de alcohol al volante, pues el año pasado la Guardia Civil denunció a 102.000 conductores que circulaban con una tasa mayor de la permitida, y los agentes instruyeron 17.000 diligencias.

Reconoce que aparcar en estas zonas es una sanción leve y reduce la multa a 90 euros.

Desde noviembre de 2005 se consideraba que era una infracción «grave» y su cuantía era de 180 euros.

Madrid- Llevaban años haciéndolo mal pero, por fortuna, han rectificado. El Ayuntamiento de Madrid estipulaba el aparcamiento en zona de carga y descarga como una sanción grave cuando la Ley de Tráfico la califica como leve. ¿La diferencia entre una y otra? Que los infractores pagaban multas de hasta 180 euros cuando el importe máximo de las mismas no debería superar los 90.

El pasado 13 de enero LA RAZÓN informó de que el Consistorio de la capital llevaba cobrando a los conductores, desde noviembre del año 2005,  el doble de lo estipulado por aparcar en las zonas de carga y descarga. El Ejecutivo presidido por Alberto Ruiz-Gallardón se amparaba en uno de los decretos de la reformada Ley que finalmente no fue aprobado. La denuncia, que partió de la asociación Automovilistas Europeos Asociados (AEA), hacía hincapié en que el área de Movilidad había hecho una «aplicación indebida de la norma» en la Ordenanza municipal.

Los casos

Así, en una infracción cometida el 1 de octubre del año pasado, y notificada sólo un mes después, se considera «estacionar por un tiempo igual o superior a 5 minutos en zona de carga y descarga durante las horas fijadas para su uso» como infracción grave según el artículo 6/590 que aplica el apartado 61 de la Ordenanza de Movilidad. En otra multa, esta vez con fecha de infracción de 25 de noviembre y notificación el pasado mes de enero, la calificación de la infracción es leve –según el artículo 7/590–. Mientras en el primer caso el importe de la multa era de 180 euros (126 si se aplicaba la reducción), en la actualidad, la infracción es multada con un máximo de 90 euros. Los conductores que se aplican la reducción abonan al Ayuntamiento de Madrid por esta infracción un máximo de 45 euros.
Si usted se ha visto afectado por esta mala interpretación de la Ley sepa que, si no ha pasado un año desde que abonó su multa, aún está a tiempo de recurrir y ahorrarse 90 euros. Este tipo de sanciones prescribe transcurrido un año de su abono.

Desde la AEA su presidente, Mario Arnaldo, alertó a los conductores que aún no hayan pagado que «pueden devolver su expediente si sigue reclamando un importe ilegal». «Si se encuentran aún con multas de 180 euros que reclamen, ya está bien de confundir a los automovilistas por hacer interpretaciones que se apartan de la ley», indicó el representante de los conductores quien consideró que «en una irregularidad como la que se está cometiendo con el cobro de las sanciones, el alcalde debería ser quien tomara cartas en el asunto».
Fernando Autrán, coordinador general de Movilidad del Ayuntamiento, explicó por su parte que la administración local «no ha rectificado el cuadro de sanciones» sino que lo ha adaptado «a la nueva Ley de Tráfico aprobada por el Congreso». «No tenemos más remedio que ir a remolque de la norma general», explicó Autrán quien detalló que «al día siguiente de la publicación de la Ley, ya estaba adaptado el cuadro de sanciones de Madrid». Con respecto al recurso de las multas, el coordinador general de Movilidad indicó que «cualquier ciudadano tiene todas las garantías jurídicas, igual que en cualquier otro procedimiento sancionador».

Las más de dos horas de duración del vuelo dan para mucho. Hay suficiente tiempo para vigilar tanto las carreteras principales como las secundarias. Es en éstas en donde más multas se imponen.

Aunque los helicópteros de la DGT vigilan las principales autovías, es a las carreteras secundarias a las que dedican más tiempo y en donde es más común ver infracciones, según nos comenta Ismael Álvarez, agente de la Guardia Civil.

También es cierto que es donde más ocasiones hay de infringir las normas, -numerosas incorporaciones al mismo nivel con giros prohibidos, zonas de la vía en donde está prohibido adelantar, etc.- Es anecdótico pero la salida y entrada de polígonos industriales da mucho de sí…

Debemos tener en cuenta además que la mayoría de las cámaras de la DGT y de los aparatos de medición de densidad de tráfico se encuentran en las carreteras más importantes. La excusa perfecta para “ponerse las botas”.

Aviso a una patrulla

En ocasiones el helicóptero detecta una infracción y tiene que avisar a la patrulla de la Agrupación de Tráfico de la DGT en tierra por diferentes motivos. Esto ocurre cuando se observa que el automovilista presenta signos de conducir bajo los efectos del alcohol, o de forma temeraria, poniendo en riesgo la vida del resto de usuarios.

También cuando no se puede captar una matrícula. En este aspecto, los motoristas son los que más “trucos” tienen, ocultando matrículas, doblándolas para evitar su lectura o haciéndolas “desaparecer” directamente. Precisamente en nuestro vuelo pudimos ver el caso de una motocicleta que circulaba “ligera” y a la que no se le podía captar la matrícula. En algunas ocasiones, el helicóptero actúa de forma disuasoria acercándose al vehículo infractor buscando que cese su actitud.

Según nos comenta Jesús Guardia, Jefe de la Unidad de Helicópteros de la DGT, cada vuelo cuesta 1.500 euros.

Esta es una de las irregularidades que ha enumerado el concejal de IU en el Ayuntamiento de Guadalajara, José Luis Maximiliano, respecto a la empresa Santiago Cucart, S.L. que tiene adjudicada la gestión de las multas municipales. Algunos vecinos afectados han proporcionado copias de las multas recibidas a IU, por ejemplo, una que se supone que ocurrió en la calle San Sebastián número 96, cuando esa vía apenas si llega a los 20 números. Pero además, denunciaban incumplimientos en el pliego de condiciones.

Pero la calle San Sebastián (en el entorno del Palacio de Diputación) no es la única que, según las multas, tiene edificios con los números 100, 91 ó 62, sino que hay otras multas puestas también en otros lugares inexistentes en Guadalajara, como la Plaza de Beladíez números 93, 27 ó 22; o la Plaza de Moreno número 0.

Maximiliano relataba que los denunciados lo han alegado. Argumentaba que el Reglamento en materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad Vial dice en su Artículo 5 que en las denuncias deberá constar: la identificación del vehículo y del denunciado (si se conoce), el hecho, lugar, fecha y hora y el nombre, profesión y domicilio del denunciante. 

“No se ha tenido en cuenta esta alegación porque las contestaciones son estándar y, por sistema, no se tiene en cuenta ninguna de ellas y no entran a valorar, en ningún momento, si las reclamaciones están motivadas, como en estos casos en que el lugar de la infracción no existe” criticaba el edil de Izquierda Unida.

Por otra parte, según manifestaba Maximiliano, la propuesta de resolución de las reclamaciones las redacta la propia empresa, “diciendo que la denuncia cumple todos los requisitos exigibles y por lo tanto desestimándolas, y las firma la concejala Sra. Agudo” lamentaba. Añadía que, el siguiente paso para el denunciado, es acudir a los juzgados, pero como esto sale muy caro, pues al final, prefieren pagar la multa. No obstante, Maximiliano indicó que, en Sevilla, por un hecho similar, ya se ha condenado al Ayuntamiento a pagar 500 euros al demandado, además de ignorar la multa.

El edil de Izquierda Unida recordaba que el Servicio de Gestión de Multas se externalizó en septiembre de 2008. La empresa firmó un contrato por dos años, prorrogable anualmente hasta dos años más, que concluye en 2010. Maximiliano recordaba que desde IU se opusieron a la privatización del servicio, puesto que podría hacerse con medios del Ayuntamiento.

Matizaba que, antes de la externalización, se ocupaban de gestionar las multas dos personas con unos ordenadores muy obsoletos. “Con esos medios técnicos y poco personal, es normal que hubiera deficiencias, no porque las personas que lo hacían fueran ineficientes, sino porque no contaban con los medios adecuados” señalaba.

La empresa Santiago Cucart cuenta, según el concejal de IU, con seis personas y medios técnicos apropiados para gestionar las multas, sin embargo, denunciaba que no cumplen con todas las obligaciones que les corresponden, según se enumera en el pliego de condiciones. “Al llegar una multa con una calle que no existe, deberían detectarlo y corregirlo” reivindicaba.

Irregularidades más graves

Una de las irregularidas que, a juicio de IU, es más grave es que la empresa está empleando personal del Ayuntamiento para notificar las multas, en concreto, agentes de la Policía Local. “Antes, cuando los denunciados estaban ausentes o rehusaban las notificaciones realizadas, se mandaba una carta certificada, que cuesta algo más de 3 euros, para que el cartero, que tiene potestad para hacerlo, certificara que se había entregado la notificación” explicaba Maximiliano.

Sin embargo, la empresa no hace ahora lo mismo. Como los empleados que contrata no tienen potestad para notificar la ausencia o rehusamiento, si se da el caso de que hay que notificar alguna multa, se la mandan a la Policía Local para que sean ellos quienes lo certifiquen.

Es decir, concluía Maximiliano, “que usan personal del Ayuntamiento para ahorrarse los 3,19 euros de la carta certificada y que les salga gratis. En IU, entendemos que esto es un incumplimiento flagrante del Pliego de Condiciones que rige la concesión y que se están utilizando recursos públicos, en esta caso humanos, para beneficio de una empresa privada”.
 
Por todo ello, aunque reconocen que se ha recaudado más dinero a través de la empresa en concepto de multas, proponen al Ayuntamiento que se obligue a la empresa a cumplir el pliego o que no se prorrogue el contrato cuando finalice en septiembre. Y que, por el contrario, se dote de medios técnicos adecuados al personal del Ayuntamiento para que pueda volver a hacerse la gestión a través del Consistorio.

El Ayuntamiento de El EScorial, ha decidido externalizar el servicio. Ahora no sólo gestionará el cobro sino que lo ingresará en el arcas municipales como se estableció en el Plan de Saneamiento aprobado en agosto.

Hasta ahora, las multas que ponía la Policía Local de El Escorial por infracciones en el estacionamiento las gestionaba el Ayuntamiento pero las cobraba la Dirección General de Tráfico. Esto va a cambiar después de que la Junta Local de Gobierno haya aprobado un pliego técnico administrativo para contratar una empresa externa que será la encargada del cobro de estas multas.

 La pretensión no es sancionar más, sino que lo que se sancione vaya a las arcas municipales. “El Ayuntamiento ya hacía las gestiones para el cobro de las multas, ahora pretendemos ingresar ese dinero y aprovecharlo porque cuando hicimos el Plan de Saneamiento Municipal una de las partidas que ayudaban a mantener la situación era precisamente la recaudación de las multas de tráfico“, recuerda el concejal de Tráfico, César Sanz.