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Esta es una de las irregularidades que ha enumerado el concejal de IU en el Ayuntamiento de Guadalajara, José Luis Maximiliano, respecto a la empresa Santiago Cucart, S.L. que tiene adjudicada la gestión de las multas municipales. Algunos vecinos afectados han proporcionado copias de las multas recibidas a IU, por ejemplo, una que se supone que ocurrió en la calle San Sebastián número 96, cuando esa vía apenas si llega a los 20 números. Pero además, denunciaban incumplimientos en el pliego de condiciones.

Pero la calle San Sebastián (en el entorno del Palacio de Diputación) no es la única que, según las multas, tiene edificios con los números 100, 91 ó 62, sino que hay otras multas puestas también en otros lugares inexistentes en Guadalajara, como la Plaza de Beladíez números 93, 27 ó 22; o la Plaza de Moreno número 0.

Maximiliano relataba que los denunciados lo han alegado. Argumentaba que el Reglamento en materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad Vial dice en su Artículo 5 que en las denuncias deberá constar: la identificación del vehículo y del denunciado (si se conoce), el hecho, lugar, fecha y hora y el nombre, profesión y domicilio del denunciante. 

“No se ha tenido en cuenta esta alegación porque las contestaciones son estándar y, por sistema, no se tiene en cuenta ninguna de ellas y no entran a valorar, en ningún momento, si las reclamaciones están motivadas, como en estos casos en que el lugar de la infracción no existe” criticaba el edil de Izquierda Unida.

Por otra parte, según manifestaba Maximiliano, la propuesta de resolución de las reclamaciones las redacta la propia empresa, “diciendo que la denuncia cumple todos los requisitos exigibles y por lo tanto desestimándolas, y las firma la concejala Sra. Agudo” lamentaba. Añadía que, el siguiente paso para el denunciado, es acudir a los juzgados, pero como esto sale muy caro, pues al final, prefieren pagar la multa. No obstante, Maximiliano indicó que, en Sevilla, por un hecho similar, ya se ha condenado al Ayuntamiento a pagar 500 euros al demandado, además de ignorar la multa.

El edil de Izquierda Unida recordaba que el Servicio de Gestión de Multas se externalizó en septiembre de 2008. La empresa firmó un contrato por dos años, prorrogable anualmente hasta dos años más, que concluye en 2010. Maximiliano recordaba que desde IU se opusieron a la privatización del servicio, puesto que podría hacerse con medios del Ayuntamiento.

Matizaba que, antes de la externalización, se ocupaban de gestionar las multas dos personas con unos ordenadores muy obsoletos. “Con esos medios técnicos y poco personal, es normal que hubiera deficiencias, no porque las personas que lo hacían fueran ineficientes, sino porque no contaban con los medios adecuados” señalaba.

La empresa Santiago Cucart cuenta, según el concejal de IU, con seis personas y medios técnicos apropiados para gestionar las multas, sin embargo, denunciaba que no cumplen con todas las obligaciones que les corresponden, según se enumera en el pliego de condiciones. “Al llegar una multa con una calle que no existe, deberían detectarlo y corregirlo” reivindicaba.

Irregularidades más graves

Una de las irregularidas que, a juicio de IU, es más grave es que la empresa está empleando personal del Ayuntamiento para notificar las multas, en concreto, agentes de la Policía Local. “Antes, cuando los denunciados estaban ausentes o rehusaban las notificaciones realizadas, se mandaba una carta certificada, que cuesta algo más de 3 euros, para que el cartero, que tiene potestad para hacerlo, certificara que se había entregado la notificación” explicaba Maximiliano.

Sin embargo, la empresa no hace ahora lo mismo. Como los empleados que contrata no tienen potestad para notificar la ausencia o rehusamiento, si se da el caso de que hay que notificar alguna multa, se la mandan a la Policía Local para que sean ellos quienes lo certifiquen.

Es decir, concluía Maximiliano, “que usan personal del Ayuntamiento para ahorrarse los 3,19 euros de la carta certificada y que les salga gratis. En IU, entendemos que esto es un incumplimiento flagrante del Pliego de Condiciones que rige la concesión y que se están utilizando recursos públicos, en esta caso humanos, para beneficio de una empresa privada”.
 
Por todo ello, aunque reconocen que se ha recaudado más dinero a través de la empresa en concepto de multas, proponen al Ayuntamiento que se obligue a la empresa a cumplir el pliego o que no se prorrogue el contrato cuando finalice en septiembre. Y que, por el contrario, se dote de medios técnicos adecuados al personal del Ayuntamiento para que pueda volver a hacerse la gestión a través del Consistorio.